La Guardia Civil está investigando a 26 personas por tener construcciones ilegales y dividir un terreno rústico no urbanizable en el término municipal de Arévalo.
El pasado 18 de agosto de 2016 se originaba un incendio agrícola no forestal en una zona conocida como paraje ‘Laguna Bartolo’, perteneciente al término municipal de Arévalo, quedando sofocado y afectando a terreno agrícola y a un vivero. Días después quedó demostrado que el origen del incendio podría estar causado por una torre de electricidad privada que se sobrecalentó por falta de mantenimiento.
A raíz de este hecho, y con el fin de realizar un informe fotográfico de la zona afectada por el incendio, se desplazó un helicóptero del cuerpo con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y se procedió a valorar la zona, descubriéndose que una parcela anexa al vivero que quedó gravemente perjudicado por el incendio en la época estival, se encontraba dividida en subparcelas incluso con diversas construcciones equipadas con antenas de televisión, equipos de aire acondicionado, instalación de piscinas, cenadores y barbacoas, entre otro equipamiento.
Las divisiones están realizadas en terreno rústico no urbanizable. El equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Arévalo, inicia investigaciones para conocer a los propietarios de las obras, dando inicio a la operación que se ha denominado ‘Segrega 2’.
La Guardia Civil recopiló información a través de empresas de electricidad y agua, además de proceder a informarse sobre las licencias para la división parcelaria, segregaciones, cerramientos y edificaciones. Se comprueba entonces que no se cumplía con las normas del Plan General de Ordenamiento Urbanístico (PGOU), puesto que en este terreno rústico no se puede segregar ni construir.
Fruto de estas investigaciones, se resolvió que el propietario inicial de la parcela, además de ser el constructor, procedió a la realización de subparcelas y a su posterior venta individual, con la cooperación necesaria de un fedatario público para formalizar los trámites parcelarios, o lo que es lo mismo, un funcionario público que otorgaba las correspondientes escrituras exigidas por los propietarios de las nuevas parcelas para la compra y división de los terrenos.
La operación concluyó el pasado viernes, 24 de marzo, con la investigación de 26 personas entre los que figuran el propietario inicial de la parcela, el fedatario público y los compradores de las parcelas por supuestos delitos de Ordenación del Territorio y Falsedad Documental.
