Alrededor de 600 remolacheros abulenses podrían recibir las ayudas pendientes del Plan Nacional Agrario 2009-2013, pertenecientes a la campaña 2011/2012, si la Junta de Castilla y León cumpliera la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó el 26 de julio y que abordaba el pago de la parte regional de las ayudas que deberían de haber recibido los remolacheros en dicha campaña, la del 2011.
Según explica Aurelio Pérez, uno de los coordinadores de La Alianza Upa- Coag, en el Plan de Restructuración del Sector Remolachero, que se firmó en 2008, se estipuló una serie de ayudas al sector durante cinco años, entre ellas la Junta de Castilla y León debía abonar 3 euros la tonelada a los remolacheros que cumplieran una serie de requisitos. Estas ayudas llegaron durante los dos primeros años, pero en la campaña 2011/2012 la consejería de Agricultura y Ganadería dejó de pagar su parte, ya que, a pesar de que en la solicitud la PAC había una casilla para pedir dicha subvención, la Junta emitió posteriormente una orden que anulaba la concesión de la misma, incluso después de haber presupuestado 10 millones de euros con este fin.
Esta situación hizo que La Alianza Upa-Coag denunciara estos hechos. Reclamaron esas ayudas pendientes, que en toda la región habrían supuesto 10 millones de euros.
Según explica Pérez, ahora la sentencia anula la orden por la que la administración regional dejaba de pagar la ayuda que estaba anunciada, solicitada por los agricultores y presupuestada por la propia Junta.
Habrá que esperar a conocer si la Junta recurre la sentencia o la acata. Según Pérez, “queda un proceso abierto para que la consejería resuelva todos los expedientes y pague a los remolacheros de Castilla y León, un total de 5.500 agricultores, las ayudas de 2011”. Recuerda que “cuando estos agricultores sembraron, lo hicieron con el compromiso de la consejería, y con la denuncia defendimos que no podía ser que la consejería anulara ese acuerdo y se eximiera de pagar”. “Lo que ha ocurrido en definitiva”, explica Aurelio Pérez, “es que el tribunal nos ha dado la razón, la orden que anula el pago por parte de la Junta es nula de pleno derecho, según ha dicho el TSJyC en su sentencia”.
