El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución por la que pide a la Junta que deniegue la autorización ambiental solicitada para la ampliación de una macrogranja porcina en el término municipal de Espinosa de los Caballeros, dado el impacto que el vertido de los purines puede tener sobre el estado del acuífero de ‘Los Arenales’. Ruega, además, la contestación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el plazo máximo de dos meses.
A modo de resumen, en 2019 se publicó en el BOE de Castilla y León el anuncio de información pública relativa a la solicitud de la autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de 2.000 a 7.200 cabezas porcinas. Entre otros organismos, la Asociación ‘La Alhóndiga’ de Arévalo presentó alegaciones en enero de 2020, además de dirigir una queja al Procurador del Común, por entender que la macrogranja podría representar un peligro para el acuífero, al encontrarse a 275 metros del punto de captación de agua potable para Arévalo y 13 localidades más.
Esta zona ya se encuentra declarada como vulnerable, ya que está afectada por contaminación por nitratos, y la ampliación de la explotación podría agravar la situación. De igual manera, las inmediaciones del río Adaja están declaradas como zona protegida especial por la Confederación Hidrográfica del Duero.
La queja fue aceptada el 17 de marzo de 2020 y, finalmente, el pasado 16 de febrero el Procurador del Común emitió una resolución contraria a la ampliación de la macrogranja. Según indica el documento, en el caso en el que la Confederación Hidrográfica del Duero mantenga los dos informes desfavorables elaborados en el año 2020 y la oposición de la Mancomunidad de Agua ‘Los Arenales’, se debería denegar la autorización ambiental solicitada.
Según nos relataba Luis José Martín García-Sancho, miembro de la Asociación ‘La Alhóndiga’ de Arévalo, si bien la Consejería no está obligada a aceptar las resoluciones del Procurador del Común, al estar éstas basadas en la legislación, en caso de autorizar la ampliación de la explotación se podría estar hablando de prevaricación.
Además, el Procurador del Común ha solicitado que se lleven a cabo las labores de inspección y control para garantizar que el número de cabezas de ganado porcino existente en la actualidad sea el autorizado en la licencia ambiental concedida por resolución de la alcaldía de Espinosa de los Caballeros el 23 de enero de 2018.